Toluca, Méx.- La 60 Legislatura mexiquense abrogó el decreto 317 emitido el 10 de agosto de este año por lo cual queda sin efecto la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que entraría en vigor el 1 de enero de 2019.
La ley abrogada tenía “como finalidad última la pauperización de las pensiones y de los servicios médicos a los que todo trabajador y trabajadora debe tener acceso”, destacó el diputado Benigno Martínez García, al dar lectura a la propuesta de abrogación, a la que se sumó el PT.
Maurilio Hernández González, coordinador de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que dicha ley es parte de un contexto en el que se ha conculcado el estado de bienestar como resultado del neoliberalismo, “modelo fallido que fue en contra de los intereses de la mayoría por más de treinta años”, y anunció que en los primeros meses del año entrante se trabajará en la elaboración de una nueva ley.
El coordinador del PRI, Miguel Sámano Peralta, consideró fundamental el análisis en comisiones de la iniciativa presentada, ya que sus repercusiones obligan a un estudio detallado y objetivo, y subrayó que revertir la Ley Issemym vulnera los derechos humanos de los derechohabientes, esencialmente el relacionado con la seguridad social, por lo que reiteró su respaldo a la norma abrogada.
Armando Bautista Gómez, del PT, puntualizó el rechazo de su bancada a la Ley Issemym por ser contraria a los intereses de los trabajadores, “ya que condena a las nuevas generaciones a no tener una pensión que permita una vida digna”.
Mientras que el panista Anuar Roberto Azar Figueroa expresó el voto de su bancada en contra de la abrogación, además solicitó que la propuesta no fuera votada de inmediato y se turnara a las comisiones legislativas respectivas para que, en un plazo suficiente, se analizara de manera responsable la decisión con base en las opiniones de los trabajadores y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El legislador del PES, Carlos Loman Delgado, destacó que la abrogación del decreto permitirá a los grupos parlamentarios hacer una revisión de la norma sin descartar los trabajos avanzados en beneficio de la ciudadanía.
José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del PVEM, subrayó que la ley estuvo viciada desde un inicio y enfrentó un acelerado proceso legislativo, lo cual originó omisiones, ya que no se escuchó a todos los actores involucrados y afectados por su promulgación, y votó por la abrogación.
Omar Ortega Álvarez, del PRD, propuso que la ley entrara en vigor hasta el 2020, mientras se aclara tanto la ley del 2002 como sus posteriores reformas quedarían vigentes, además de facultar a la Legislatura para que, a partir del 1 de enero de 2019, se trabaje en una propuesta con todos los sectores, trabajadores y los poderes Ejecutivo y Legislativo; su propuesta fue desechada por mayoría de votos.
El decreto aprobado señala que derivado de la abrogación del decreto número 317, publicado en la “Gaceta del Gobierno”, se mantiene en vigor la Ley de Seguridad Social expedida mediante decreto número 57 de la 54 Legislatura y publicado el 3 de enero de 2002, con sus reformas aprobadas mediante decreto número 36, publicado en el mismo medio oficial el 19 de diciembre de 2012.
También establece que los actos que, en su caso, se hayan realizado con base en el decreto número 317 quedarán sin efectos, y la ley del Issemym aprobada en 2002 seguirá vigente.
