Toluca, Méx.- La colaboración institucional entre los poderes públicos es imprescindible y la comunicación les permite cumplir con mayor eficacia sus funciones, afirmó el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, presidente de la Diputación Permanente, durante la intervención de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar por su elección como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).
Solorza Luna destacó la disposición de los integrantes del Congreso a contribuir con el Poder Judicial en lo que sea necesario y benéfico para los mexiquenses y generar en conjunto mejores condiciones de bienestar social, desde su ámbito competencial y con respeto a la división de poderes.
Al desear éxito al magistrado presidente, Solorza Luna destacó que una de las funciones de mayor relevancia para la población es la impartición de justicia, porque de ella depende la eficacia del estado de derecho, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la solución de conflictos, la convivencia armónica en la sociedad y la materialización de la justicia.
En tanto que el magistrado Sodi Cuéllar calificó este acto como uno “sin precedentes”, ya que por primera vez, al inicio de una nueva administración en el Poder Judicial, se presentan sus integrantes ante la representación del pueblo mexiquense con un mensaje de cordialidad, empatía, colaboración y comunicación constante.
“Colaboración respetuosa, creativa e innovadora, eso proponemos desde el Poder Judicial del Estado de México a esta honorable Asamblea Popular”, señaló.
Agradeció la invitación de la Diputación Permanente y de la Jucopo para llevar a cabo “este acto de acercamiento, colaboración y establecimiento de relaciones institucionales y republicanas entre los poderes Legislativo y Judicial, y convocó a los diputados a combatir juntos “los cuatro jinetes del Apocalipsis que afectan al Estado de México”: impunidad, inseguridad, delincuencia e injusticia.
Afirmó que los mexiquenses “no debemos vivir con miedo”, por lo que para evitarlo se exige que el Estado cumpla con su responsabilidad más básica, que es brindar seguridad, tanto jurídica como pública, sustentado en el reforzamiento de los valores cívicos.
Para lograr este objetivo, aseguró, se debe contar con leyes justas, adecuadas y actualizadas que resuelvan los problemas sociales y sienten las bases de una convivencia ordenada que favorezca el progreso de la entidad, por lo que en esta tarea, quienes hacen las leyes, los legisladores, y quienes las aplican e interpretan, los magistrados, tienen la obligación de actuar con eficacia, probidad y responsabilidad.
Llamó a los poderes del Estado a trabajar unidos para conseguir uno de los más altos propósitos de la sociedad contemporánea, que es la justicia, y externó su deseo de que esta nueva etapa de colaboración marque un cambio de época en las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
