Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Vivienda, que traslada atribuciones de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que esté facultada para elaborar y conducir la política en esta materia.
La Sedatu deberá formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el programa en la materia, así como proponer, en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo.
La Conavi formulará y ejecutará su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de operación para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una decorosa y digna vivienda, principalmente la población de alta vulnerabilidad, menores ingresos o en situación de pobreza.
También se atiende la actualización de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como la referencia de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de Tierra, toda vez que el 16 de diciembre de 2016 se publicó el decreto que la transforma en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Los artículos transitorios establecen que el Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines y objetivos en tanto se lleve a cabo su extinción. Además, en el primer año natural posterior a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Conavi transferirá a la Sedatu el Sistema Nacional de Información.
En la fundamentación, la secretaria de la Comisión de Vivienda, Norma Adela Guel Saldívar, expresó que las atribuciones conferidas en un principio a la Conavi fueron trasladadas a Sedatu, dejándola como una entidad sectorizada con atribuciones diferentes. Se pretende llegar a sectores de la población que no son atendidos por la banca tradicional.
Esta es la parte más importante de esta reforma, porque en México la compra de vivienda nueva solo es accesible para personas que reciban ingresos superiores a los cinco salarios mínimos, porque únicamente este sector de la población tiene solvencia para acceder a un crédito.
Tal panorama, excluye a poco más del 70 por ciento de la población, según el estudio Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018, que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Con las nuevas atribuciones a Sedatu, se tendrá un mejor control de la política de vivienda, para que no haya personas sin casa, y casas sin personas. “Haciendo llegar este derecho humano a aquellas familias comprendidas en los primeros seis deciles de ingreso. Es decir, con ingresos menores a los 10 mil 550 pesos, quienes en la actualidad no tienen posibilidad de adquirir una casa nueva”.
