Toluca, Méx.- Ante la corrupción, saqueo y malas decisiones que han llevado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) al borde de la bancarrota, es urgente delinear una alternativa que lo fortalezca y garantice su operación con el respaldo del personal en activo, pensionados y pensionistas y ciudadanía en general, señaló Abraham Saroné Campos.
Durante la cuarta mesa regional de estudio y trabajo en materia de seguridad social Issemym, destacó que esta es la primera vez que se organizar una consulta de este tipo en la entidad y subrayó que las propuestas recabadas serán integradas al proyecto que se analizará como parte de estas mesas regionales.
Durante los trabajos, Marco Antonio Cruz destacó la importancia de que los principales beneficiarios de la ley aporten sus propuestas y continúen el trabajo que inició Morena al abrogar la denominada “Ley del Issemym”, expedida en 2018.
Enumeró entre las carencias del Issemym, la mala atención en los servicios médicos, inexistencia de medicamentos, obstáculos para aprobar jubilaciones y altas cuotas para pensionados y pensionistas, por lo que se pronunció por una revisión amplia y que no se vea al instituto como un botín económico y político.
Faustino de la Cruz llamó a combatir la corrupción, la impunidad y el saqueo que ha privado por décadas, por lo que reconoció la importancia de que las propuestas vertidas en cada una de las mesas de trabajo se lleven al Congreso mexiquense a fin de contar con una ley que realmente beneficie al pueblo.
Entre las más de 40 propuestas presentadas se manifestaron a favor de eliminar todo lo relacionado con las cuentas individuales y que los recursos regresen al fondo solidario de reparto, cuya invulnerabilidad debe preservarse; acotar a través del Consejo Directivo las facultades del titular del Issemym y fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones.
Reducir las aportaciones de pensionados, que actualmente son más altas que las del personal en activo y subsanar el déficit que enfrenta el instituto, sancionar con cárcel a las y los funcionarios que no enteren cuotas de trabajadores, además de que enumeraron la corrupción, falta de medicamentos y mala atención médica como factores que han llevado al instituto al borde de la bancarrota.
