Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
El documento, avalado con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones, que fue enviado a legislaturas locales para sus efectos constitucionales, incluye el abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que está inmerso el pueblo y el Estado mexicano.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena) recordó que la minuta se recibió el 11 de diciembre de 2018 y se dictaminó en cumplimiento con el Reglamento de la Cámara. Se decidió considerar en sus argumentaciones, y como fuente de conocimiento, las ocho iniciativas en la materia presentadas en la actual legislatura al 15 de enero.
Se identificó que muchas de esas propuestas legislativas, además de coincidir o no con la prisión preventiva oficiosa, incluyen la pluralidad de voces e intereses de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para actuar en consecuencia al reclamo nacional y poner fin a la impunidad, corrupción y falta de eficacia en las esferas institucionales de procuración y aplicación de la justicia.
La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria.
Carrillo Martínez resaltó que se consideró el mínimo posible de afectación a la perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y falta de eficacia institucional para detenerlos.
“Esas conductas delictivas afectan la riqueza nacional del pueblo mexicano, el patrimonio del Estado, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público gubernamental y los modelos de democracia representativa y directa”, añadió.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó celebrar audiencias públicas del 6 al 8 de febrero, a fin de escuchar a los interesados en el tema. Se abordaron cuatro ejes temáticos en los que se analizó fundamento constitucional, seguridad y justicia, sistema penal y libertades e investigación.
Ello representó un gran esfuerzo de discusión y análisis que enaltece la apertura de esta legislatura hacia la sociedad, la cual día a día fortalece su convicción democrática.
