Toluca, Méx.- Con el propósito de construir un nuevo modelo municipal como parte de la reforma constitucional y legal del Estado de México, las representaciones de municipios de la región norte del Estado de México expusieron los desafíos que enfrentan en materia de recaudación, distribución de participaciones federales, profesionalización y certificación de los servidores públicos,
Durante la segunda sesión del Parlamento Regional organizado por el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y Marco Legal del Estado de México (Sectec), los participantes también expusieron sus opiniones sobre el modelo municipal en materia de seguridad pública, abasto de agua, transporte público, desarrollo urbano y derechos de vía, entre otros temas.
Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Sectec, afirmó que los municipios del país y el Estado de México han evolucionado en las últimas décadas, por lo que es necesario actualizar sus facultades y obligaciones en la Constitución Política estatal, y que el nuevo modelo municipal debe ser propuesto por quienes conocen de cerca los problemas y necesidades la población.
Refirió hechos como que las policías municipales deben atender asuntos para los que no están capacitadas y no cuentan con el equipamiento adecuado, o la fijación de los valores catastrales de los predios y cuya aplicación genera conflictos al municipio.
Rubén Islas Ramos, secretario Técnico del Sectec, invitó a los asistentes a observar la profunda asimetría entre las demarcaciones mexiquenses y que actualmente el 80 por ciento de la población se concentra en las ciudades y no pueden regularse por igual el municipio y la ciudad.
En su intervención, Palmira Tapia Palacios, subcoordinadora de Análisis Institucional, celebró las aportaciones hechas en este foro, que contribuirán a redefinir las instituciones, mientras que Alfonso Valtierra Guzmán, coordinador del Foro de Ayuntamientos, anunció que se preparan convenios con las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma del Estado de México para que sus investigadores y académicos también contribuyan en este ejercicio de reforma constitucional y legal.
