Toluca, Méx.- A propuesta de la Junta de Coordinación Política, diputados locales cuestionaron los resultados del sexto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza; reconocieron avances en infraestructura, programas sociales y movilidad, señalaron pendientes en materia de seguridad pública, salud, combate a la pobreza, manejo de la deuda pública, además de los retos derivados de los sismos de 2017 y la pandemia de COVID-19.
Los diputados aprobaron el formato de análisis propuesta por Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta, por el cual se da por cumplido el análisis señalado en la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México.
Gerardo Ulloa Pérez cuestionó los resultados en materia social, en la que se reportaron 960 unidades de salud rehabilitadas, pero nada se dice de los ocho hospitales inconclusos; que al Instituto Mexiquense para la Discapacidad no se le ha dotado de las herramientas necesarias para ser un ente funcional y que cuenta con personal que por ahora es inoperante. Señaló también el rezago educativo con impacto en pobreza laboral, inequidad en la dotación de servicios y oportunidades educativas, las denuncias por la venta de plazas laborales y rezago en la rehabilitación de la infraestructura escolar dañada por los sismos de 2017.
En materia económica se informa la creación de empleos, pero la entidad no es de las que registre las mejores tasas; es la entidad con la más alta incidencia en robo a transporte, porque 15 de cada cien personas han sido víctimas.
El sistema penitenciario muestra casos de abuso de autoridad y violación de derechos humanos; la deuda pública muestra opacidad en su contratación y en su destino y aunque se afirman mejoras, los números reales no son los del gobierno, por lo que consideró que se debe revisar la situación de la administración pública porque un gobierno basado en apariencias y ocurrencias nunca tendrá resultados fuertes.
El priista Enrique Jacob Rocha resaltó que el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la pandemia de COVID-19 fueron situaciones extraordinarias que afectaron el rumbo, las prioridades y atención del gobierno; la nueva administración estatal encontró un gobierno con fundamentos sólidos, instituciones modernas y capaces, finanzas sanas y programas sociales que han beneficiado especialmente a los que menos tienen.
Entre los avances de la administración enlistó el mejoramiento de las condiciones de vida de 915 mil mexiquenses que se alejaron de la situación de pobreza; apoyos a más de 700 mil mujeres con su crecimiento personal y empoderamiento productivo; seguridad patrimonial para 48 mil familias con títulos de propiedad, además de inversión en rubros de ciencia y tecnología, educación, infraestructura de salud, cultura, recuperación de espacios públicos, emprendimiento, turismo, obra pública, movilidad, seguridad y acceso al agua.
Francisco Javier Santos Arreola, del PAN, sostuvo que el informe es una manifestación clara de la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que su análisis permite evaluar los resultados, reflexionar sobre los logros y los desafíos del gobierno, así como para aprender de los errores y mejorar las políticas públicas. Es una oportunidad, afirmó, para construir puentes entre la ciudadanía y sus representantes para avanzar hacia un futuro justo y próspero, y permite al nuevo gobierno conocer la situación actual y construir sobre los éxitos y logros.
El coordinador del PRD, Omar Ortega Álvarez, reconoció que entre los aciertos de la administración destacaron la instalación de una política social para aminorar la brecha de la desigualdad, principalmente con las mujeres; la creación de nuevas empresas y la apuesta por el desarrollo industrial; la puesta en marcha de la Ciudad Mujeres y la Policía de Género; entre otros.
Señaló los retos en materia de salud; la crisis de inseguridad y violencia que en mayor medida padecen las mujeres; la precariedad laboral; y la economía familiar que no es sostenible; además de que lamentó que no se logró reducir el número de feminicidios, consolidar una política económica ni aumentar el empleo formal.
Sergio García Sosa, coordinador del PT, expuso que la pluralidad e inclusión el Congreso y sus trazos democráticos sirven para el balance equilibrado del informe, el cual deja ver que después de seis años de gobierno se transitó en una misma dirección.
Consideró positiva una mayor y mejor infraestructura, rehabilitación de espacios públicos, creación de parques de la ciencia y ciudades de mujeres, instauración de la policía de género, pero se registraron más de 700 feminicidios y mil 700 homicidios, una deuda de 60 mil millones de pesos, inseguridad en el transporte público, falta de agua, falta de fondos al Issemym, un salario rosa clientelar, mayor pobreza y más pobres. Sentenció que las cifras no se ajustan a confianza de mexiquenses y reconoció que el anterior Ejecutivo no intervino en las elecciones que trajeron el cambio.
Al afirmar que cuando existe un pendiente no se puede hablar de una misión cumplida, María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del Verde Ecologista, criticó que no se completó el objetivo de la administración estatal porque las mujeres no pudieron satisfacer sus necesidades básicas ni mejorar su calidad de vida, ya que refirió que en el primer trimestre de 2023 hubo más de 107 mil mujeres mayores de 15 años sin empleo.
Cuestionó el hecho de que el programa Salario Rosa solo benefició a 700 mil mujeres de las casi nueve millones; que se dejaron hospitales inconclusos; que el campo quedó olvidado y desprotegido; y que aún hay pendientes obras por concluir.
Juana Bonilla Jaime, de Movimiento Ciudadano, señaló que el gobierno anterior se quedó corto en la solución de muchos problemas estatales. Expuso que es necesario saber si los 17 millones de mexiquenses se sienten seguros, si sus ingresos les alcanzan, si las vialidades son aptas para transitar en ellas, si la educación que reciben sus hijos les ayuda a ser mejores ciudadanos, si las mujeres pueden regresar sanas y seguras a sus casas.
La legisladora sin partido, Mónica Miriam Granillo Velasco, reconoció como logros de la administración los programas sociales para beneficiar a la población vulnerable, la ampliación de matrícula escolar en todos los niveles, el incremento de la inversión empresarial y el fortalecimiento del sistema del transporte público; mientras que indicó que se dejaron pendientes en materia de seguridad, salud, educación de calidad y excelencia, derecho a una vida digna y el campo.
