Toluca, Méx.- PRI y PAN respaldaron la iniciativa del titular del Ejecutivo estatal para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, en la que se propone que se regulen los actos relativos a la asistencia privada y a la constitución, funcionamiento, fomento y desarrollo de estas instituciones, en tanto que Morena se pronunció por una ley a la vanguardia y altura de las necesidades actuales.
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con Salud, Asistencia y Bienestar Social, presidida por Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Beatriz García Villegas lamentó que no existan los mismos parámetros para todas las instituciones, se pronunció por proteger a las pequeñas instituciones y regular a las grandes, así como porque se debata si las y los titulares deben ser designadas por el titular del Ejecutivo o que las elijan las instituciones.
Ante Zeydhi Tovar Molino, directora jurídica de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, que expuso la iniciativa, Izquierdo Rojas explicó que se busca modernizar el marco jurídico de las instituciones que recaban y aportan recursos al gobierno estatal, situación diferente a las organizaciones de la sociedad civil, e invitó a enviar observaciones de la iniciativa a más tardar el 8 de febrero para agilizar su dictamen.
Isabel Sánchez Holguín y Braulio Antonio Álvarez Jasso remarcaron que el marco normativo no tiene modificaciones desde 1992, por lo que se requiere de un lenguaje incluyente, perspectiva de derechos humanos y de género, la visualización de niños y adolescentes, integrar el desarrollo integral de las mujeres y la atención a las violencias contra las mujeres y niñas, así como de paridad de género.
Ingrid Schemelensky Castro señaló que las instituciones necesitan un marco normativo que las ayude a consolidar su estructura administrativa, y que se promueve y articule la contribución de agentes privados en la asistencia, así como integrar esquemas de incentivos y supervisión institucional más efectivos y construir una cultura de cooperación y responsabilidad que consideren el bienestar y el bien común.
Tovar Molino señaló que la iniciativa no tiene impactos financieros; explicó que se busca la actualización, armonización y alineación del marco normativo institucional de la dependencia; agregar los términos “cuota de recuperación” y “estatutos”; diferenciar entre fundación y asociación; establecer visitas de verificación; agregar sanciones; señalar la liquidación (destino de bienes); e incluir la forma de extinción.
Destacó que sería la única ley a nivel nacional que esté actualizada, modernizada y alineada a la normatividad en la materia, además de que las organizaciones de la sociedad civil bajo esa figura jurídica son las únicas resguardadas y coordinadas por un organismo de gobierno; y enfatizó en que en la entidad las instituciones de asistencia privada aportan anualmente tres millones de pesos al gobierno estatal y que en 2022 entregaron a la Junta 2.5 millones de pesos pues recaudaron 511.9 millones de pesos en total, dado que por cada mil pesos en efectivo que entra a su organización dan cinco pesos a la Junta.
