Ciudad de México.- En sesión de parlamento abierto, “Iniciativa que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos”, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, dijo que estas modificaciones tienen amplia trascendencia social y administrativa.
Señaló que el parlamento sirve para tener las opiniones expertas que ayudarán a determinar la viabilidad de las tres iniciativas y enriquecer el dictamen.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena, señaló que el objetivo de trasladar facultades de la SCT a la Secretaría de Marina (SEMAR) es reforzar el combate a la inseguridad.
“La SEMAR es la única que cuenta con los medios operativos suficientes para cumplir con el ejercicio de la operatividad marítima nacional”, consideró.
Mientras que Martha Tagle Martínez señaló que hay temas en los que se debe ahondar, como es el caso de si tiene constitucionalidad o no, una iniciativa de esta naturaleza, la militarización de la actividad y lo que significaría dejar en manos de la SEMAR la educación náutica o la titularidad de esa dependencia en un civil.
Cruz Juvenal Roa Sánchez llamó a seguir debatiendo el tema, sobre todo en los beneficios que tendría el cabotaje en México, cuando se trata de la navegación de altura.
A la fecha van tres cambios de titulares en la Administración General de Aduanas, lo que ha hecho lento el flujo comercial.
El comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Secretaría de Marina, José Luis Arellano Ruiz, sostuvo que la dependencia tiene los medios e infraestructura, pero especialmente la voluntad de poner orden y control.
Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la dinámica geopolítica del país reclama una mayor presencia y responsabilidad del Estado mexicano a través de sus Fuerzas Armadas y consideró que la iniciativa atiende estas inercias.
El académico Emilio Vizarretea Rosales llamó a mantener el Estado de derecho en las zonas marinas, garantizar certidumbre jurídica en contratos y licitaciones, eliminar las causas que alejan la inversión, tener una autoridad unificada y control efectivo de embarcaciones, regulación tarifaria y recaudación, transparencia del dragado, educación náutica mercantil, así como protección y seguridad.
