Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria analizó los requerimientos de gasto en seguridad.
Alfonso Ramírez Cuellar, que preside el Grupo, explicó que el objetivo es que los ponentes ayuden a diseñar estrategias de prevención del delito, así como su focalización por zonas y regiones, la integración de fondos, y de atención a víctimas de violencia.
“A pesar de los compromisos institucionales no hemos podido honrar la palabra del Estado para atender este problema”.
Pidió a los expertos contribuir en la elaboración del documento final que haga más flexible la estrategia ante esta epidemia de inseguridad y crímenes que no se detienen y de la cual “aún no encontramos vacuna”.
“No solo queremos plasmar nuevos montos y fondos específicos, sino también ideas y propuestas para enriquecer la estrategia de seguridad pública y garantizar la pacificación del país”, precisó.
Al presentar el documento en materia de seguridad, redactado en colaboración con diversas asociaciones civiles, Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo, dijo que de 2010 a 2017 el presupuesto para este rubro ha sido del 0.8 por ciento del PIB, el más bajo entre los integrantes de la OCDE, además de que no obstante el crecimiento en la asignación de recursos no se ha observado una reducción de la violencia.
“Lo que se busca en este foro es saber si se requiere un aumento de recursos o un cambio de estrategia. En 2020 se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, es decir el 22 por ciento del PIB, o el equivalente a 15 veces al gasto en seguridad, que es de 36, 893 pesos por persona”.
De acuerdo al análisis y datos del INEGI, la relación entre la tasa de homicidios en cada entidad y el gasto estatal per cápita no refleja una reducción entre ambas variables.
El director general de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero Gutiérrez, consideró que el gran motor de la violencia en México es el crimen organizado, dos terceras partes de los homicidios que se registran tienen que ver con este fenómeno; es decir, de cada tres mil homicidios al mes dos mil tienen vínculo con el crimen.
Afirmó que es importante intervenir oportunamente y tener fondos con reglas de operación que permitan de manera fluida, flexible y versátil atender los focos rojos, a fin de contener el conflicto y evitar que se convierta en un problema a largo plazo que le cueste al erario público más dinero.
“Necesitamos una buena auditoría de la implementación de estos recursos para que se utilicen en un programa para contener la violencia a corto plazo y evitar que haya desviaciones”.
