Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General de Población y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
La nueva ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica, y garantice el derecho a la identidad.
Regula la operación del Registro Nacional de Población; Servicio Nacional de Identificación Personal; organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de las personas.
Otro objetivo es definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías derivadas de éstas.
Hará uso de todos los mecanismos a su alcance para contrarrestar el racismo, discriminación por cualquier causa, segregación, misoginia, homofobia, la censura a cualquier profesión religiosa, xenofobia y el discurso de odio, por razones de su origen, identidad, religión, género, discapacidad, problemas de salud, orientación sexual y todo otro tipo de marginalización y exclusión.
Son principios rectores de esta ley: el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; la transversalidad de la política de población; el federalismo; la transparencia y rendición de cuentas; la perspectiva intercultural.
La perspectiva de género y de curso de vida; el desarrollo sostenible; el bienestar social e individual, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.
Al fundamentar el dictamen, César Agustín Fernández Pérez afirmó que la legislación vigente que data de 1974 ha quedado rebasada por desafíos poblacionales que deben ser atendidos con urgencia.
“Hoy la mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta una norma fragmentada que se aplica sin visión de transversalidad, sin perspectiva de género y sin estrategia y objetivos claros, dijo.
El nuevo ordenamiento debe ser piedra angular para definir, implantar y evaluar una política poblacional moderna que aproveche el bono demográfico y se prepare para los retos que conlleva el paulatino envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y los cambios en las relaciones sociales, distribución y rasgos de la población.
