Ciudad de México.- La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos, señaló que se tiene el compromiso de tramitar todos los asuntos rezagados desde 2003, y que suman 387 casos.
La legisladora detalló que al concluir la Legislatura LXIII había 356 procedimientos pendientes y en lo que va de la actual existen 31 casos por dictaminar.
Todos estos asuntos serán revisados de manera exhaustiva, siempre vigilantes de que se respeten las garantías y derechos humanos de los ciudadanos.
Rocío Barrera indicó que la subcomisión es una “institución sustanciadora del esquema constitucional de pesos y contrapesos, mediante la cual se instrumenta una facultad de control al ejercicio del poder público”.
“Los mecanismos de exigencia de responsabilidad del Parlamento implican que mediante decisiones camerales sea posible cuestionar y evaluar la conducta de los ministros, haciéndolos jurídica o políticamente responsables de sus actos”.
Mientras que María del Pilar Ortega Martínez enfatizó que el Congreso tiene una tarea impostergable para dar respuesta oportuna al derecho de petición de cientos de ciudadanos para solicitar que algunos servidores públicos sean sujetos de juicio político.
“La sanción a los funcionarios se vuelve inservible si las acusaciones son formuladas por órganos deficientes en su actuar”.
En tanto que César Agustín Hernández Pérez reiteró que los ciudadanos exigen cero tolerancia a la ilegalidad y la injusticia.
Dijo que tendrán en sus manos la decisión de dar trámite o no a las denuncias ciudadanas para iniciar juicio político contra un servidor público.
“Debemos evitar que terminen en letra muerta y solicitó que las reuniones sean públicas para mantener informada a la ciudadanía de nuestra tarea”.
La subcomisión estará constituida por las presidentas de las comisiones de Gobernación y Población, y la de Justicia, Rocío Barrera Badillo y María del Pilar Ortega Martínez, respectivamente, que alternarán la presidencia.
