Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación y Población aprobó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El dictamen se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de su programación legislativa.
En reunión extraordinaria, en modalidad semipresencial, el presidente de la instancia legislativa, Jaime Humberto Pérez Bernabe, señaló que uno de los más importantes reclamos que hace la sociedad, es la solidificación del combate a la corrupción y el castigo o sanción para todos aquellos servidores públicos que violan las leyes y hacen mal uso de los recursos.
Indicó que la encomienda de la sociedad es crear y hacer vigentes las disposiciones que sean necesarias para que el país crezca de manera firme, democrática, pacífica, orgullosa de sus orígenes y de su porvenir; que su administración pública tenga el arraigo y pulcritud necesarios para que las instituciones del Estado Mexicano, procuren la obtención de una vida institucional, transparente, honesta, responsable y con pleno respeto a los derechos humanos.
El diputado Pérez Bernabe expresó que la Constitución Política actual ha sido modificada en años recientes en los artículos que integran el Título Cuarto que trata de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, las faltas administrativas graves, hechos de corrupción y actos en perjuicio del patrimonio del Estado.
En la actualidad está vigente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y al no producirse una actualización se encuentra desarmonizada para dar una eficiente respuesta a las necesidades del México actual; tiene una estructura interna agotada y está en disonancia con la ley suprema del país, los derechos humanos y el resto del sistema de procuración de justicia; mantiene un camino estrecho, corto, confuso y de difícil transitar, “que desafortunadamente no siempre concluye en el ejercicio de la acción de la justicia”.
La nueva ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente de la República. Es respetuosa de los derechos humanos y de los artículos constitucionales; es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal.
