Ciudad de México.- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento presentó el balance de los cuatro primeros foros estatales “Rumbo a la Construcción de una nueva ley general de aguas” en donde predominó la urgencia de crear un marco normativo contextualizado en cada región de México y la creación de una fiscalía del agua que dé seguimiento a derechos y obligaciones de usuarios.
Su presidente, Feliciano Flores Anguiano, reiteró la necesidad de una nueva Ley general de aguas nacionales que garantice el derecho humano al líquido y en cuya elaboración participen todos los sectores.
Destacó la importancia de escuchar a autoridades, expertos y sociedad para conocer sus opiniones y saber qué temas incluir con base en las características, condiciones, producción o vocación propias de cada estado”.
Expresó que los cuatro foros de consulta en los estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Chiapas y Querétaro, han permitido un diálogo abierto, incluyente y participativo entre actores de diversos contextos, sobre los retos y propuestas en torno al agua, a fin de impulsar el nuevo ordenamiento.
En el foro de Quintana Roo, predominó la urgencia de crear un marco normativo contextualizado en cada región de México, que gestione, desde una visión de funcionamiento sistémico, las aguas superficiales y subterráneas, tomando a éstas como base del funcionamiento del agua, en el sistema de acuíferos kársticos de la península, base del equilibrio ecológico.
En el foro de Reynosa, Tamaulipas, hubo especial referencia a la importancia de lograr el vínculo institucional entre producción de energía y uso sustentable del agua. Se expresó, además, la necesidad de revisar los usos en las concesiones para los distritos de riego.
Durante el foro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobresalió la necesidad de fortalecer los comités comunitarios de agua como mecanismos de gobernanza y participación ciudadana en la gestión del agua. Además, incrementar las acciones en saneamiento y conservación de ecosistemas hídricos.
Respecto al foro de Querétaro, el cuarto, se manifestó la preocupación por el pago de elevados cobros en tarifas de derechos por el uso en municipios y comunidades, lo que impide el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.
