Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Pública.
El dictamen busca impulsar la prevención y sensibilización en materia de victimización secundaria, y procurar la implementación de programas tendientes a la sensibilización y prevención de la victimización secundaria.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el Sistema de Justicia.
Suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida.
La revictimización genera fuertes impactos psicosociales, porque remueve situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de los derechos, así como un atentado a la reputación y al honor de la persona.
“En definitiva, una marcada merma en la calidad de vida y bienestar de la persona que ha sido víctima de un delito”.
Ortega Martínez mencionó que es fundamental generar una sensibilización en los operadores del sistema de justicia, para garantizar una actuación apegada a los principios constitucionales de toda persona que concurre a cualquier procedimiento del ámbito penal y evitar prácticas que generen el menoscabo de las víctimas y, con ello, un daño hacia su esfera jurídica por parte del Estado.
La capacitación permanente y continua de estos operadores es una de las tareas fundamentales que sustentan el objetivo de toda institución con la responsabilidad de tutelar los derechos básicos de las personas, porque la revictimización es un fenómeno que afecta con mayor gravedad a las mujeres.
Olga Patricia Sosa Ruíz, promovente de la iniciativa, expuso que la victimización secundaria se manifiesta en acciones como culpar a la víctima, utilizar el lenguaje inapropiado, destinar espacios inadecuados, formulación de preguntas repetitivas y excesivas, entre otros, con el objetivo de obstaculizar un proceso transparente y ejemplar.
