Toluca, Méx.- Para fortalecer los conocimientos en materia de combate a la corrupción y el buen manejo de finanzas públicas en los entes fiscalizables, personal de auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) recibió una capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) sobre la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El personal de la Auditoría Especial de Informes Mensuales y Planeación del OSFEM fue capacitado por Oscar Eduardo Rodríguez Castañeda y Juan Martín Valdés Oviedo, director de Enlace y de Auditoría Financiera de la ASE, respectivamente, sobre la ley que tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas.
En el salón Benito Juárez del Poder Legislativo y vía remota a través de plataformas digitales, Miroslava Carrillo reconoció la experiencia de la ASE respecto a la ley referida, por lo que resaltó que los conocimientos pueden reflejarse en la evaluación del cumplimiento de la norma en los informes de resultados de ejercicios fiscales, y que abonará a que los recursos públicos se administren de manera ordenada.
Dijo que 140 auditores recibieron tres capacitaciones de la ASE, y en esta ocasión se capacitó a 25 mandos medios y superiores con el fin de que el OSFEM vigile que haya congruencia entre el gasto y el actuar que tienen las entidades fiscalizables, de quienes señaló, deben conocer la normatividad para que estén conscientes de que no pueden comprometer administraciones futuras con endeudamiento, que tengan un ciclo contable ordenado y proyecten un presupuesto basado en resultados.
La Ley de Disciplina Financiera responde a una creciente deuda pública estatal y municipal, por lo que incluye medidas para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, como la implementación de reglas en la adquisición de financiamientos y obligaciones, la regulación del crecimiento de servicios personales, el pago de los adeudos de los ejercicios fiscales anteriores y un monitoreo constante a través de un sistema de alertas con calificaciones y límites de endeudamientos, además de que prevé mecanismos para el combate a la corrupción.
