Toluca, Méx.- Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura mexiquense, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno mexiquense, la Fiscalía de Justicia mexiquense, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la alcaldesa de Tlalnepantla, para que se investiguen los hechos ocurridos el domingo 11 de noviembre en San Juan Ixhuatepec.
“Violaron la soberanía del Estado de México, y no importando el pretexto hicieron un uso abusivo del uso de la fuerza pública. Su acción punitiva violó los derechos humanos de los pobladores mexiquenses de esa comunidad”.
El objetivo es que se deslinden responsabilidades y se sancione a los culpables.
“Los legisladores reprobamos la conducta de los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de sus policías, quienes para la detención de supuestos delincuentes, cruzaron el territorio limítrofe de la Ciudad de México con motivo de una persecución, presuntamente en flagrancia, sin cumplir con el convenio de coordinación y el protocolo correspondiente”.
El también coordinador de los diputados de Morena expuso que de acuerdo con videos que circulan en redes sociales, los elementos de la Ciudad de México violentaron las garantías y derechos de los habitantes de la zona.
Al exponer los antecedentes del punto de acuerdo, hizo referencia a entrevistas en medios de comunicación del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, que señaló que no había violación alguna, porque “de acuerdo con la Constitución cuando se trata de una persecución en flagrancia están obligados a dar continuidad”, afirmaciones que consideró erróneas.
“Ninguna autoridad ajena al Estado de México puede ejercer funciones dentro de su territorio, salvo que se actúe de manera convenida y coordinada”.
Explicó que de la legislación estatal define la coordinación que debe haber con autoridades federales o estatales, y las alcaldías de la Ciudad de México.
“El cual contiene dentro de sus rubros las acciones de coordinación en casos de flagrancia, para lo cual debe observarse lo establecido en el protocolo de actuación correspondiente”.
Por ello, dijo, es una realidad que los elementos y los mandos policiacos no dieron aviso sobre su ingreso al territorio mexiquense, no cumplieron con el convenio de coordinación ni con el protocolo respectivo.
“El abuso de poder constituye un comportamiento ilegal por parte de los servidores públicos, y es indiscutiblemente una violación de los derechos humanos”.
Insistió que la única labor policial eficaz es la que se lleva a cabo dentro del marco jurídico.
Entre los primeros resultados de las afectaciones por la intromisión policiaca se cuentan lesiones a transeúntes, casas allanadas, destrozos en propiedad privada: domicilios y vehículos; intimidación mediante el uso de armas de fuego.
“Es inadmisible el evidente abuso de la policía de la Ciudad de México, en razón de que nada justifica la irrupción del orden, la alteración de la paz social, la violación a los derechos humanos y la alteración del estado de derecho”.
Esta acción podría ser un precedente de impunidad de los actos descritos con anterioridad.
También cuestionó la falta de atención por parte de las autoridades estatales, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México debe iniciar de oficio una investigación al respecto.
