Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, afirmó que atender el fenómeno migratorio requiere acciones sustentadas en la cooperación internacional y la responsabilidad compartida para crear condiciones más favorables en los países de origen, tránsito, destino y regreso de migrantes.
Al participar en la 5ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento subrayó que desde la Cámara de Diputados se hacen esfuerzos de mayor vinculación en el ámbito interparlamentario para generar soluciones integrales ante la movilidad humana.
En diciembre de 2018, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo que estableció el compromiso de diseñar una política migratoria de respeto al Estado de derecho y de reconocimiento a los derechos humanos de los migrantes.
Precisó que desde la Cámara de Diputados se trabaja con las áreas institucionales encargadas de la política migratoria y se legisla para asegurar los derechos de esas personas y que los compromisos acordados en el pacto sean respetados.
Como parte de su responsabilidad global, la Cámara intenta enfrentar todos los matices y causas de la migración forzada a través de la cooperación multi-actor y supranacional.
Al enfatizar la importancia de la cooperación en el ámbito parlamentario entre legisladores de México y Centroamérica, por ser territorios de migración compartida, hizo votos para que se mantenga el compromiso de tender puentes y que prevalezca la colaboración entre países.
La diputada presidenta comentó que la situación no ha mejorado porque la pandemia por COVID-19 ha exacerbado los problemas y ha colocado a las personas migrantes en mayor vulnerabilidad y riesgo sanitario.
“Es un fenómeno complejo en el mundo porque millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por guerras, desastres naturales, inseguridad o pobreza”, expresó.
Indicó que en viajes peligrosos las personas se exponen a situaciones de vulnerabilidad en los que sufren robos, secuestros, discriminación, violencia, extorsión y en ocasiones la pérdida de sus propias vidas.
Las circunstancias se magnifican cuando niños y adolescentes migran sin ninguna protección familiar, porque padecen violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos, así como accidentes que lastiman su salud, son reclutados por el crimen organizado, sometidos a explotación sexual o a maltrato en el momento de la repatriación, subrayó.
En el caso de las mujeres, precisó que de manera frecuente son víctimas de trata o pierden el acceso a la asistencia sanitaria, sexual o reproductiva y cuando llegan a lugares de refugio son objeto de violencia de género, incluida la sexual o acosos.
