México, DF.- Los diputados del PRD celebraron la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Política del Distrito Federal por la Comisión Permanente.
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”, dijo Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva.
Gracias a años de trabajo, negociaciones y diálogo con representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil impulsado por el sol azteca, el Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México y en una entidad con plenos derechos y obligaciones como los demás estados del país.
Al igual que el resto de las entidades, la capital será parte del pacto federal con los mismos derechos políticos y de competencia, lo que se había convertido en una de las principales exigencias de sus habitantes.
Uno de los retos fundamentales es lograr una Constitución Política local que represente los intereses y garantice los derechos de la ciudadanía, por lo cual los legisladores del PRD se comprometieron a trabajar y velar por ello y cumplir los plazos mandatados por la ley.
De la misma manera, los legisladores perredistas manifestaron que impulsarán la Constitución más democrática del país, que reconozca las libertades individuales, los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas; el fortalecimiento al Estado de derecho y el combate frontal a la corrupción, logrando así una entidad de vanguardia y realmente democrática.
La reforma implica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se transformará en Congreso local y las delegaciones políticas en alcaldías; además, el gobierno local tendrá la facultad de nombrar al secretario de Seguridad Pública y al procurador sin que sea aprobado por el Ejecutivo Federal.
