Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México solicitó al titular de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informe a la Legislatura la cantidad de altavoces conectados a la alerta sísmica en la entidad, desagregando cuantos se encuentran en funcionamiento, en reparación, o bien son pérdida definitiva, así como las acciones realizadas y los recursos destinados para su operación.
El punto de acuerdo impulsado por Edith Marisol Mercado Torres, también pide informar las causas por las cuales no se activaron varios altavoces de la alerta sísmica en la zona sur, norte y oriente del Estado de México, durante el sismo del 19 de septiembre.
El documento expone que, si bien durante el simulacro de ese día las alertas funcionaron correctamente en todo el territorio estatal, durante el sismo no se activaron en la mayoría de los municipios del sur mexiquense y en algunos del norte y oriente de la entidad.
“Dichas alertas no se activaron, ni indicaron a la población mexiquense que se estaba presentando la actividad sísmica; la ciudadanía se percató de dicho sismo por el movimiento ocasionado, y por los medios de comunicación que empezaron anunciar con urgencia el fenómeno sísmico que estaba ocurriendo”, señaló.
La diputada dijo que el sismo “nuevamente nos recuerda que la gestión integral de riesgos y protección civil, debe ser un eje transversal en las actuaciones y decisiones del Estado”, por lo que es necesario que las autoridades estatales elaboren un diagnóstico certero sobre los sistemas de alertas sísmicas en operación, y no se puede pasar por alto que los altavoces y alarmas que avisan la actividad sísmica no se encuentren en correcto funcionamiento; el no dar la atención y el mantenimiento necesario podría costar pérdidas de vidas humanas.
Como parte del punto de acuerdo también se solicita a los 125 ayuntamientos a que, conforme a las normas técnicas, programas y demás normatividad aplicable, hagan la inspección y el levantamiento de la información respectiva para determinar los posibles daños estructurales a los inmuebles que pudieran haber sido afectados derivado del sismo pasado, esto con el objeto de evitar pérdidas humanas y patrimoniales que pudieran vulnerar aún más la vida de los mexiquenses.
