Toluca, Méx.- La educación es parte fundamental de la agenda legislativa porque es uno de los principales instrumentos para la regeneración del tejido social y la democratización de las instituciones públicas, afirmó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, durante la inauguración del foro “La agenda 2030: orientando la planeación educativa municipal”.
Mientras que Benigno Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dijo que esa convicción mueve a los legisladores a dirigir esfuerzos a la búsqueda de coincidencias con los diversos actores involucrados con el sector educativo.
Ante servidores públicos municipales y especialistas en asuntos educativos, Maurilio Hernández llamó a los participantes a hacer lo que a cada uno corresponde para cumplir con un derecho fundamental.
“Estamos en un proceso de transformación y lo asumimos, porque entendemos el momento que nos toca vivir para abonar a que, a través de esta asignatura, podamos recuperar el tejido social degrado por el incumplimiento de este tema fundamental para la evolución social”, sentenció.
El diputado Martínez García se pronunció por corresponsabilizar a los municipios en las tareas educativas, dijo que “si la educación como bien común es causa común de la sociedad, conlleva como consecuencia un proceso de amplia participación social para la formulación y aplicación de políticas apropiadas”.
Señaló que el tiempo para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable en el renglón educativo que enumera la Agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas “se acorta”, lo que urge a diseñar un programa propio y homogéneo para los órdenes de gobierno federal, estatales y locales.
Mencionó que no será posible promover una educación inclusiva y de calidad si antes no se logra una reducción drástica de la pobreza, la que “seguimos arrastrando como una gran deuda social”.
Bernardo Martínez García, investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, señaló que si bien en el texto constitucional se considera a la educación como un derecho básico que el Estado debe garantizar, en los hechos el sistema educativo presenta enormes rezagos en la cobertura y la calidad de la infraestructura, entre otros aspectos. Los municipios, por ser el orden de gobierno más cercano a la población, pueden y deben asumir responsabilidades educativas, señaló.
Expuso que la pobreza generalizada impide trabajar en un modelo mucho más eficiente e incluyente, lo que puede solventarse orientando las políticas públicas educativas hacia la municipalización, porque es en el espacio municipal donde puede innovarse y romperse con el centralismo en la materia.
Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista en el tema y colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), explicó que la Agenda 2030, a la que México está adherida, pretende cumplir con al menos 17 objetivos para ese año; uno de los principales es alcanzar una educación de calidad, equitativa e incluyente.
Agregó que los municipios pueden contribuir asumiendo acciones específicas que no se consideran en la educación formal e institucional, como promover la educación para la paz y la convivencia, la educación hospitalaria y para la salud, para las emergencias, el uso de las tecnologías de la información y la integración y atención a migrantes, entre otras posibilidades.
Israel Escobar Blanco, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, resaltó la importancia de evaluar las políticas públicas, porque de esos resultados depende la asignación de recursos y la priorización de determinados programas.
