Toluca, Méx.- El diputado Benigno Martínez García propuso que la educación superior en la entidad sea obligatoria y corresponda al Estado su observancia, por lo que en conjunto con las autoridades federales el gobierno estatal deberá establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de quienes estudien este nivel.
Planteó que el Estado proporcione los medios de acceso a la educación superior para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas correspondientes.
Con esta iniciativa se trata de cumplir con el objetivo 4 de la Agenda 2030, la cual establece “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Además, se busca armonizar este tema con las recientes reformas en la materia a la Constitución Política federal y con lo que al respecto dispone el Pilar Social del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el cual mandata garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
Para asegurar la pertinencia de la educación que cubre este derecho, el Estado fomentará la investigación en educación que brindará el conocimiento requerido como insumo para el diseño, desarrollo y evaluación de la política educativa pública.
La Universidad Autónoma del Estado de México deberá poner especial atención en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece a la población de la entidad, función social originaria, caracterizada por el compromiso social y la producción del conocimiento, mientras que, en apoyo a la educación a lo largo de toda la existencia de las personas, “el Estado creará la Universidad de la vida”.
Otras acciones dispondrán que todo el personal docente que labore en el Sistema Educativo Estatal sea reconocido salarialmente “con base en un catálogo homologado con la Federación, y siempre actualizado, de plazas y funciones efectivamente desempeñadas. No se obligará a ningún docente a realizar actividades ajenas a su labor pedagógica, incluidas las actividades políticas a favor de algún partido”.
De manera complementaria, “todas las instituciones educativas del Estado y privadas ubicadas en la entidad mantendrán constante comunicación para la valoración y mejora del servicio que se oferta a la población. Se revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general, para lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia”.
