Ciudad de México.- Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina impulsa una iniciativa que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de elevar las penas por el delito de extorsión, cuando la víctima sea comerciante formal o informal o persona relacionada con esta.
Propuso que las sanciones, que van de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa, aumenten hasta en una mitad, en su mínimo y máximo.
Consideró que la iniciativa pretende generar las condiciones para inhibir este delito y acabar con la impunidad.
De enero del 2019 a febrero 2020, un millón 110 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión al número telefónico 089, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país.
Destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar con más extorsiones, le siguen Veracruz, Jalisco, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los más afectados son los comerciantes, empleados y empresas.
En el caso del Estado de México, se estima que la extorsión creció 55 por ciento en el último año, según denunció Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de esa entidad (CONCAEM), quien agregó que ocho de cada diez delitos no son denunciados.
Detalló que la extorsión a comerciantes de pequeñas, medianas y grandes empresas suele ser de forma indirecta, a través de una llamada telefónica, o presencial, cuando alguien amedrenta para obtener dinero mediante el cobro de derecho de piso.
“Los afectados han relatado que son abordados e intimidados con el cobro del derecho de piso; les llegan a pedir hasta 200 mil pesos para no hacerles nada y que puedan seguir trabajando, de lo contrario los amenazan no sólo con hacerles daño a ellos, sino con incendiar sus negocios o dañar a su familia”.
