Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó modificaciones para estipular que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El dictamen da prioridad a los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos y destierra del orden constitucional la posibilidad de gastos con este carácter.
Fortalece las atribuciones constitucionales exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, lo que se enmarca en el principio de control y fiscalización de los recursos de la Federación, y refrenda la facultad de decidir el objeto y cuantía del gasto público.
El documento resalta que la existencia de partidas secretas corresponde a un régimen bajo el sistema presidencialista, donde la concentración del poder y las facultades unipersonales en la figura del presidente de la Republica permitían imponer sus condiciones, tanto en la toma de decisiones políticas como económicas del país.
Esas partidas, a lo largo de la historia, han servido como la caja negra del presupuesto nacional, el lugar donde se depositan cuantiosos recursos de ingresos federales, para ser gastados en condiciones de completa discrecionalidad del presidente de la República y que le facultaban autorizar el incremento de gastos ya presupuestados o crear nuevas erogaciones no previstas.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, señaló que es fundamental romper con las inercias históricas e impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y el ejercicio del gasto público, bajo las condiciones de democracia y transparencia, rendición de cuentas efectiva y la fiscalización para México.
En un estudio sistemático se halló un contrasentido entre el artículo 74, relativo a la facultad presidencial de la partida secreta y lo que refiere el artículo 126 constitucional, que no ha sido modificado desde su origen y que dispone: No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o ley posterior.
Carrillo Martínez puntualizó que se debe refrendar el compromiso del valor de la transparencia en el uso de los recursos públicos. “En materia de presupuesto y gasto público no debe existir secrecía alguna y mucho menos cuando los recursos del erario público sean transferidos a particulares”.
