Ciudad de México.- La diputada Martha Elisa González Estrada planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las medidas de protección al menor puedan ser solicitadas por cualquier persona, por la comisión de delitos o sus tentativas, y conductas que vulneren estos preceptos.
La legisladora indicó que en México hay 13 millones de familias que tienen un entorno de violencia y gritos hacia los menores.
La mayor parte de los abusos se presenta en la familia y van desde ofensas verbales hasta golpes, incluso, conductas delictivas graves como violación, explotación sexual y laboral, además de aprovecharse de los menores para cometer delitos que, “en ocasiones, tienen como consecuencia el homicidio o el suicidio”.
Explicó que de acuerdo con el DIF, los principales responsables del maltrato son: madre, padre, o ambos, padrastro, madrastra, tíos y abuelos, en ese orden, y debido a que la mayoría de los infantes permanecen en ese círculo, muchos casos terminan en la muerte, causada por lesiones.
Añadió que el Instituto Nacional de Pediatría recibió y atendió cinco mil 553 casos por maltrato infantil, de los cuales, 11 se turnaron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.
En 2017, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en la región centro del país hubo un total de 14 mil 937 denuncias de maltrato infantil, y en 52.2 por ciento se comprobó maltrato, pero sólo 21.4 por ciento fue presentado ante el Ministerio Público.
En ese mismo año, de acuerdo con el registro anual de las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, se reportaron 39 mil 516 casos de abuso contra niños y niñas, de los que se pudieron comprobar 27 mil 675.
Ante ello, la diputada considera fundamental garantizarles las mejores condiciones de salud, nutrición, protección, cuidados, y brindarles todo lo necesario para un buen comienzo de vida, así como las medidas de protección que sus condiciones requieran por parte de su familia, la sociedad y el Estado.
Indica que la sociedad enfrenta la violencia contra menores de varias formas, pero no han detenido el maltrato y el abuso, fenómeno que daña a la sociedad “y representa la pérdida del desarrollo normal de la personalidad del menor, su libertad emocional, sexual e incluso de la vida”.
