Toluca, Méx.- La salud emocional debe ser un derecho, no un privilegio, y es responsabilidad del Estado prestar un servicio integral y de calidad para el bienestar general de la ciudadanía para que acceda y goce sin restricciones de servicios integrales, sostuvo Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD en el Congreso local, durante la inauguración del foro “Sin Salud Emocional no hay Salud”.
Consideró imperativo crear las condiciones, mecanismos e instrumentos que contribuyan a mejorar el panorama de una problemática agudizada en los últimos años, en particular por la pandemia de COVID-19.
Destacó que su bancada presentó iniciativas para crear las leyes de Salud Mental, de Salud Emocional y Para la Prevención, Atención y Posvención de Suicidio, que buscan llenar el vacío jurídico en la materia, y que se consolidarán en un solo proyecto, como se propuso en el foro, para identificarlo como Ley de Salud Mental y Prevención de Adicciones y Educación Emocional, la cual se enriquecerá en 20 foros regionales; y pronunció por capacitar a las instituciones educativas en salud mental para brindar atención al sector estudiantil.
Al compartir que el Estado de México tuvo en 2020 una tasa estandarizada de 4.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional que fue de 6.2, el secretario de Salud, Francisco Javier Fernández, resaltó la importancia de hacer una fusión de salud mental y adicciones, incrementar la capacitación del personal con la guía de intervención mhGAP para trastornos mentales, y diplomados en prevención del suicidio y fortalecer la estrategia de prevención de adicciones.
Además, dio a conocer los centros y clínicas que atienden la salud mental en la entidad entre los cuales se encuentran 200 establecimientos residenciales (conocidos como anexos) pero que solo 11 cuentan con la normatividad correspondiente.
María Teresa García Rodea y Jaqueline Mota Palma, directora y docente de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantearon que las universidades y ayuntamientos fortalezcan las acciones de prevención del suicidio, establecer un fondo para la atención de salud mental, determinar los factores de riesgo en situaciones de violencia, atender las iniciativas desde una perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional, y mejorar los servicios de atención a víctimas de violencia de género.
