Ciudad de México.- Ricardo de la Peña Marshall presentó una iniciativa para evitar que los progenitores interfieran en las decisiones que tomen niños y adolescentes sobre quién prefieren que tenga su guarda y custodia.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, establece que para evitar dicha situación, las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar.
El legislador señala que las disoluciones matrimoniales traen consigo diferentes problemas como el impacto psicológico que niños y adolescentes enfrentan al ver a su familia desintegrada, o que alguno de los progenitores usa diferentes estrategias para conseguir su custodia.
“A veces las y los menores son influidos o incitados a tomar decisiones diferentes a su criterio”, indica en su iniciativa que agrega un párrafo al artículo 22 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Refiere que si bien las disoluciones entre parejas son por mutuo acuerdo, la realidad es que la separación de bienes y la custodia de los menores “se vuelven un campo de batalla”, porque es común que los menores son utilizados como parte de la negociación lesionando sus derechos humanos e integridad.
El derecho de los menores al libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad que tienen de elegir o tomar sus decisiones autónomamente, sin que otra persona interfiera o vicie su voluntad; sin embargo, esto no siempre es así, y lo podemos ver muy a menudo en las peleas por su custodia.
Agrega que si bien niños y adolescentes tienen la libertad de elegir libremente y tomar sus decisiones, de nada sirve esto si existen agentes externos intentando persuadirlos, por lo cual el Estado debe establecer políticas públicas que generen el espacio adecuado para que los menores ejerzan efectivamente este derecho.
