Ciudad de México.- María Ascención Álvarez Solís presentó iniciativa para que los programas sujetos a reglas de operación no sean modificados o eliminados sin que la decisión derive de indicadores y estudios de evaluación, debido a que tienen alto y comprobado impacto social.
Planteó reformas a la Ley de Planeación, con el fin de armonizarlas con la adición de dos párrafos al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La propuesta señala que es conocido que el número de programas sujetos a reglas de operación fluctúa en cada administración pública, debido a que el Ejecutivo federal tiene facultades para la ejecución del gasto, es decir, puede modificar o eliminar programas sin ninguna restricción, porque no existe un contrapeso que lo impida.
En la Ley de Planeación propone reformar que prioritariamente los sectores en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, incluyendo a los pueblos originarios y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, participen en la elaboración de los planes y programas referentes a esta normativa.
Establecer las bases para que el Ejecutivo federal, sin demérito del proyecto político vertido en el Plan Nacional de Desarrollo que corresponda a cada administración en su ejercicio constitucional, mantenga el principio de equidad e igualdad jurídica, progresividad en cuanto a la asignación de recursos presupuestales que satisfagan la necesidad real y actualizada de los programas y de justicia social.
Todas las organizaciones representativas de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y grupos vulnerables; así como de las instituciones académicas, de investigación; de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, tendrán derecho de participar como órganos de consulta permanente en la planeación democrática relacionada con su actividad, por medio de los diferentes espacios de diálogo, incluido el de parlamento abierto, que convoquen las cámaras de Diputados y Senadores.
