Toluca, Méx.- La fracción de Morena en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para que las personas que incurran en delitos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, incremento patrimonial no justificado, cuando el beneficio económico provenga de actividades ilícitas, sean sujetos al procedimiento de extinción de dominio.
“Su objetivo inherente es cumplir un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad; debemos considerar que es un tema prioritario, no solo en nuestro país, ya que existe en el medio internacional una normatividad que sirve como referencia en esta materia”, explicó María del Rosario Elizalde Vázquez.
La lista de ilícitos que se complementa con abuso de autoridad con contenido patrimonial, peculado, enriquecimiento indebido y abuso de autoridad en contra de subalterno y el uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se incluiría para la ejecución de la acción de extinción de dominio aquellos bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias u otros beneficios mencionados en otras fracciones de la ley.
Elizalde Vázquez indicó que los legisladores deben garantizar leyes que los protejan, por lo que debe trabajarse en la erradicación de las prácticas que vulneran a la ciudadanía, por lo que es necesario fortalecer la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México.
La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destino ilícito a través de una vía judicial para declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos, la legisladora subrayó que su importancia radica en que es un instrumento esencial para ejecutar estrategias contra el crimen organizado y con un combate firme a la corrupción.
Sobre el problema de la corrupción, la legisladora citó una nota periodística del diario El País, de febrero de 2018, la cual habla de los resultados del último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, donde México ocupa la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción.
