Toluca, Méx.- Diputados de Morena en la LX Legislatura mexiquense escucharon los planteamientos en contra de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
El diputado Benigno Martínez García dijo que existe la posibilidad de valorar una nueva legislación que garantice los derechos de los trabajadores.
Martínez García, impulsor del foro, dijo que esa ley representa un retroceso en la previsión social de los empleados gubernamentales, “cada vez se le descuenta más al derechohabiente y cada vez tiene menos, lo cual indica que el manejo del instituto se ha hecho y se está haciendo de manera irresponsable”.
La diputada Mónica Álvarez Nemer señaló que se analizará con responsabilidad y transparencia una propuesta que vele por las garantías de los derechohabientes.
En su momento, la legisladora Berenice Medrano, presidenta de la Comisión de Salud, reiteró el papel de los legisladores como voz de los ciudadanos en el Congreso. “Estamos con ustedes porque ustedes están con nosotros”, dijo.
Entre los argumentos en contra se encuentra la violación al derecho de pensión y los servicios médicos, ya que pretende remplazar estos servicios por un seguro de salud para atender la medicina preventiva y dejar que las enfermedades sean cubiertas por ese seguro.
Dijo que los trabajadores de gobierno no han dejado de pagar puntualmente sus cuotas, mientras que los municipios y dependencias incumplen esta obligación, lo que pone en evidencia la mala administración a la que han sometido al instituto.
El abogado Félix Nain Fuentes Fandiño presentó la ponencia “Inconstitucionalidad y derechos humanos”, en la que señaló que el derecho a la seguridad no solo es considerado por la legislación estatal y nacional, también en las convenciones y tratados internacionales a los que México está adherido.
El jurista y docente Juan Carlos Vázquez Libién, exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló que se trata de una ley anticonstitucional que viola los preceptos que establecen la obligación del estado de ocuparse de garantizar este derecho de todos.
Mencionó que el problema obedece a una mala administración financiera y contable, no al modelo de pensiones y jubilaciones.
