Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.
Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.
Al participar en las Audiencias Públicas en la materia indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.
Propuso que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el Régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.
González Pérez externó su preocupación de que las reformas en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial, pues se deja de lado la visión integral e insistió en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, en recursos, capacidades y operaciones reales y efectivas.
“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente; en estas tareas los mecanismos externos de la supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante”, sostuvo González Pérez.
Subrayó que la propuesta no establece ningún componente de garantía para que los integrantes de las fuerzas armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que se repliquen esas acciones.
El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.
Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.
