Toluca, Méx.- El PAN planteó reformas a la Ley de Desarrollo Social estatal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se establezca el Ingreso Básico Solidario, consistente en la entrega de un apoyo económico, no contributivo, ni condicionado, hasta por tres meses, equivalente a 32 días de salario mínimo general vigente en Toluca (actualmente de cinco mil 531 pesos), para todas las personas económicamente activas, formales o informales, en caso de la suspensión de labores o trabajos.
La iniciativa de María de los Ángeles Dávila Vargas y Enrique Vargas detalla que se atenderá preferentemente a las personas adultas mayores y mujeres jefas de familia que pierdan su empleo, si son formales o vean impactado su trabajo u oficio si son informales.
El documento señala que, para dar cumplimiento a la iniciativa, el Ejecutivo Estatal dispondrá de los recursos no ejercidos en el ejercicio fiscal del gobierno del Estado inmediato anterior a la publicación de la reforma, para la implementación del Ingreso Básico Solidario para emergencias, dado que, por ejemplo, del Ejercicio Fiscal 2021 se registraron excedentes por nueve mil 24 millones de pesos y un subejercicio por siete mil 839 millones de pesos.
Dávila Vargas explicó que la propuesta busca dar respuesta a los estragos causados por la pandemia por el covid-19 en materia económica, donde miles de familias mexiquenses formaron parte de la estadística de pobreza y pobreza extrema, resultando urgente establecer políticas que atiendan esta problemática y se les dé un respiro y esperanza a la incertidumbre que viven diariamente.
Transparencia del Instituto Mexiquense de Discapacidad
Luis Narcizo Fierro Cima y Enrique Vargas del Villar propusieron solicitar a la titular del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, Areli Libier Fuentes Chávez, remita a la Legislatura un informe sobre los certificados de accesibilidad que han emitido y a qué instituciones públicas o privadas los han otorgado, así como dónde se encuentra publicado el último estudio de evaluación de accesibilidad para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas.
También se solicita información sobre cuántas recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad física, facilidades arquitectónicas y urbanísticas se han emitido a entes públicos y privados respecto a las condiciones necesarias de accesibilidad, en el marco de seguridad, diseño universal y libre tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como de accesibilidad en el transporte público de pasajeros, e indicar dónde se encuentra publicado y remitir el documento íntegro sobre el programa y el registro estatal de discapacidad.
