Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, y los diputados Lorena Villavicencio Ayala, Gabriela Cuevas Barrón y Porfirio Muñoz Ledo, presentaron una iniciativa para establecer el “Ingreso Básico Ciudadano” universal en la Constitución.
En conferencia de prensa indicaron que la propuesta, en el corto plazo, tiene el objetivo de ayudar económicamente a las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema.
La diputada Rojas subrayó que el tema de ingreso básico vital, aunque no es nuevo, ha cobrado relevancia por la pandemia de COVID-19; hay consenso político al respecto entre los diferentes grupos parlamentarios, que se generó a partir de un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El diputado Bravo Padilla señaló que se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa, y ese esfuerzo “merece un apoyo económico mínimo indispensable para su subsistencia, el cual genera consumo, y éste, a su vez, permite la reactivación de la economía”.
Señala que “el Estado garantizará un Ingreso Básico Ciudadano consistente en un apoyo económico a todas las personas que garantice como mínimo, el acceso a la línea de bienestar”.
Apunta que el Congreso de la Unión, dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la reforma, deberá expedir una Ley General en materia de Ingreso Básico Ciudadano, en la cual se “establecerá el monto, periodicidad y mecanismos de entrega, asegurando la transparencia, la participación ciudadana en la ejecución de los mecanismos y forma de distribución; así como la universalidad y progresividad”.
Mientras que la diputada Villavicencio Ayala subrayó que lo que se pretende es evitar que entren en situación de pobreza o pobreza extrema entre 15 y 20 millones de personas más.
El diputado Muñoz Ledo enfatizó que el “Ingreso Básico Ciudadano” debe ser independiente de los derechos en materia de bienestar social considerados en la misma Constitución y de los programas sociales de los gobiernos.
