Toluca, Méx.- Las instituciones del sistema estatal de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo antes de la décima segunda semana de gestión, de forma gratuita y en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada lo solicite, y proporcionarán apoyo psicológico antes y después de la intervención, de acuerdo con la propuesta del diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del PRD.
El coordinador perredista explicó que las instituciones de salud deberán proporcionar servicios de consejería médica y social con información imparcial, científica, veraz, clara y oportuna, otorgando las opciones con las que cuentan las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como los posibles riesgos y consecuencias en su salud.
La iniciativa busca que se considere como no punible la muerte dada al producto por medio del aborto si el embarazo es resultado de una violación o violencia sexual y en el caso de que el embarazo afecte la salud de la mujer.
Cuando la mujer decida interrumpir su embarazo, la institución deberá hacerlo en un término no mayor a cinco días contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables; las solicitudes de interrupción del embarazo deberán ser atendidas aun cuando las mujeres cuenten con otro servicio de salud público o privado.
Si el médico, por creencias religiosas o convicciones personales, está en contra del procedimiento podrá ser objetor de conciencia, y excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, pero deberá referir a la mujer con un médico no objetor.
La objeción de conciencia no podrá invocarse en los casos en que el aborto deba practicarse para salvaguardar la salud o la vida de la mujer.
El PRD plantea que si el padre ejerce violencia física o moral en contra de la embarazada la cual provoque el aborto, se le impongan de cuatro meses a nueve años de prisión, e igualmente se mantendría la sanción de tres a ocho años de prisión y de 150 a 300 días de multa para una acción similar de cualquier otra persona.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
