Texcoco, Méx.- Integrantes de la Organización de Transportistas Aliados de México (OTAM), se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía para el Transporte, en esta localidad, para exigir que terminen las detenciones arbitrarias por parte de elementos de la policía estatal y la fabricación de delitos en su contra por problemas en el sistema de la Secretaría de Finanzas.
Durante la mañana de hoy, los transportistas se movilizaron para solicitar una audiencia con las autoridades del Transporte para solicitar que tomen cartas en el asunto y resuelvan este problema.
OTAM es una organización con más de 10 mil agremiados en toda la República Mexicana; transportistas que han visto afectados sus ingresos debido a la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria por el COVID-19, y ahora que comienzan a reactivar su trabajo son sorprendidos por las autoridades estatales.
Mariano Mosqueda Noguez, presidente fundador de OTAM, mencionó que en esta situación están involucrados elementos de la policía estatal, de la fiscalía y del corralón Castilleja.
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Ante esta situación, los policías estatales presentan ante la Fiscalía de Transporte al operador y el vehículo es remitido al corralón.
“El problema es que al hacer la consulta el sistema no está actualizado y sigue mostrando la información anterior. Por esto te ponen a disposición bajo el supuesto de ataques a las vías generales de comunicación”, comentó.
Mosqueda Noguez señaló que esta situación no amerita remisión del vehículo al corralón y se debería hacer un peritaje que tardaría entre cinco y diez días hábiles. Ahora, por este tiempo “en el corralón no están cobrando cuarenta mil pesos, y si queremos que nos desglosen esa cantidad, el monto se eleva a 50 mil pesos”.
“En la Fiscalía detienen al chofer durante 48 horas, o si quieres llevártelo en el momento, te piden entre 12 y 15 mil pesos”, explicó.
El presidente fundador de OTAM dijo que para un transportista su herramienta principal es su camión, por lo que se llegan a endeudar para conseguir el dinero para no tener más pérdidas.
“Ellos para recuperar esa cantidad tienen que trabajar entre cuatro y seis meses, por lo que estas acciones lesionan su afectada economía”.
En este tiempo han sido detenidas más de diez unidades, algunas, incluso en más de dos ocasiones alegando el mismo delito.
“En alguno de los juicios que hemos llevado, el juez señala que no procede el delito que se le imputa al transportista, que es el de ataques a las vías generales de comunicación”.
Después haber sido atendidos en Texcoco, acudieron a una cita con el fiscal regional con sede en Tlalnepantla, al que dejaron en claro que no buscan impunidad, solo que se respete a los operadores que han cumplido con los programas de reemplacamiento y están al corriente con los trámites de sus unidades.
“Aquellos que no lo estén, tendrán que ponerse al corriente para poder trabajar”, comentó.
En caso de que estas acciones continúen, no descartan una movilización regional junto a otras agrupaciones afectadas.
