Ciudad de México.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción conoció la iniciativa que crea la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, que impulsan diputados de Morena, además de las propuestas de especialistas en la materia.
Al respecto, el secretario de la Comisión, José Luis Montalvo Luna, planteó la disposición de comentar, discutir y deliberar el contenido de la propuesta. Estimó que las consideraciones de académicos y abogados son relevantes para enriquecerla y que posteriormente se apruebe, con el objetivo de eliminar la corrupción en el servicio público.
En reunión de trabajo participaron Max Kaiser Aranda, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM y coordinador del Programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y David Enrique Merino Téllez, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Max Kaiser Aranda expresó su preocupación porque la iniciativa plantea que los servidores públicos deben separarse de sus bienes y patrimonio logrados durante toda su vida, así como de sus intereses, lo que originaría muchos problemas, como la simulación, o poner a nombre de alguien más sus propiedades.
Propuso enfocarse en la autonomía de los órganos incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción para determinar a quién investigar, sin criterios políticos, y sancionarlos. Es la clave a fin de construir otra historia en México y ejercer tres vertientes: penal, administrativa y de fiscalización para meter a la cárcel a los corruptos.
Sugirió tener una plataforma nacional digital y aplicar la inteligencia artificial para prevenir y detectar conflictos de interés para conocerlos más fácil, porque este mecanismo podría tener acceso a todas las declaraciones patrimoniales, registros de propiedad, transacciones financieras y de comercio. Lograrlo sería el gran avance en la historia del país contra la corrupción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas es buena y sólida, pero siempre tiene que adaptarse y moldear con el tiempo. “Revisar en qué momento estamos en la aplicación de esta ley, qué ha servido y qué ha fallado para ajustarla a la realidad, como los conceptos que propone la iniciativa”, consideró.
