Toluca, Méx.- La Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, que acaba de entrar en vigor, es una herramienta para evitar la discriminación, el hostigamiento y otras conductas denigrantes que lesionan física, moral o psicológicamente a niños y adolescentes, señaló el diputado Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura.
“Buscamos que se preserve la integridad física, psicológica y social de los alumnos, sobre la base del respeto a su dignidad, además de promover el valor de la justicia, la igualdad, los derechos humanos universales, la cultura de la legalidad y de la paz”, subrayó.
Recordó que la ley fue aprobada por unanimidad el 14 de diciembre.
Sámano Peralta explicó que la ley define el acoso o bullying como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado; este fenómeno se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y que su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción.
Los directivos, docentes y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos tienen la obligación de dar a conocer al Consejo Escolar cualquier situación de bullying, por lo que en cada plantel habrá un responsable de recibir las denuncias.
La escuela enviará un informe anual a la Secretaría de Educación que se integrará al Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar. Este protocolo de prevención, detección, atención y eliminación será aplicado en todos los niveles de educación básica.
La ley prevé la imposición de sanciones al personal escolar que tolere, consienta o permita el acoso, o bien que oculte los casos o proporcione información falsa a padres o tutores y a las autoridades.
Se establecen los derechos, tanto de quienes sean receptores como de quienes generen acoso escolar, a ser tratados con respeto a su integridad; a contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades estatales; recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita; recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, y a acceder a procedimientos expeditos de procuración y administración de justicia.
Los estudiantes acosados tendrán derecho a ser canalizados a instituciones especializadas para su atención oportuna; en caso de riesgo grave, a que se dicten medidas preventivas para salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, a la dignidad y a la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.
