Ciudad de México.- Durante el parlamento abierto “Sobre la minuta de armonización legislativa en materia de prisión preventiva oficiosa”, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, informó que iniciarán el análisis del documento enviado por el Senado el 2 de septiembre.
El 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el artículo 19 de la Constitución, en esta materia.
Como resultado surgieron dos efectos jurídicos: la incorporación de nuevas hipótesis delictivas susceptibles de la aplicación de la medida cautelar y la obligación legislativa de realizar modificaciones para llevar a cabo la armonización de las nuevas hipótesis en la legislación secundaria.
Sin embargo, dos sucesos modificaron el curso original del proceso legislativo relacionado con la armonización. Por un lado, se revolvió el criterio de que la reforma constitucional no podría tener aplicación en tanto no se armonice el contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes respectivas, porque los Ministerios Públicos no podrán obtener la imposición de la medida cautelar en tanto no se perfeccione la entrada en vigor de la norma.
Y el segundo, que el pasado 29 de julio de 2020 el Senado del República aprobó el dictamen que tiene como propósito, también, cumplir con esta armonización legislativa a la que está obligado el Congreso de la Unión.
Verónica Beatriz Juárez Piña expresó que el impacto de la minuta en la incidencia delictiva es difícil de estimar, pero “el que tendrá en la violación de los derechos humanos, podemos señalar que habrá muchas personas privadas de su libertad sin ningún fundamento y únicamente porque así lo determinan las leyes, y sin ninguna valoración respecto a su culpabilidad”.
Mariana Rodríguez Mier y Terán calificó como una falacia y mentira querer incluir más delitos o conductas al catálogo, así como pensar que de esa manera se está dando a las y los mexicanos una respuesta puntual para tener mejores índices de seguridad.
Octavio Amezcua Noriega, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la prisión preventiva oficiosa es una reforma claramente violatoria de estos preceptos. “Enviamos un documento en donde señalamos las razones por las cuales considerábamos que era violatoria y contraproducente para los fines que se buscaban”.
