iudad de México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se refirió a los ingresos que se han dejado de recaudar por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, conocidos como gastos fiscales.
Al respecto, el diputado señaló que aunque el objetivo de estos es reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de determinados grupos sociales y fomentar la inversión y el empleo; en la realidad no han funcionado adecuadamente y han ampliado las brechas de desigualdad.
En 2019 esos gastos representaron 209 mil 744 millones de pesos (mdp), mientras que para 2020, se estima que asciendan a 130 mil 584 mdp, esta reducción se debe a las cuotas establecidas en los decretos presidenciales cuya vigencia termina en 2019. Al clasificar estos estímulos por su origen, se reporta que para 2019, 58.4 por ciento de los beneficios, valorados en 123 mil 94 mdp, se incluyen en los Decretos Presidenciales, mientras que el 41.3 por ciento restante, equivalente a 86 mil 650 mdp, se sustenta en la Ley de Ingresos de la Federación 2019.
El presidente de la Comisión de Presupuesto afirmó que el diseño de los gastos fiscales debe hacerse de forma responsable y deben evaluarse constantemente para medir su efectividad y contrarrestar el efecto que han tenido de profundizar la brecha entre ricos y pobres y servir para negociaciones entre la clase política y los grupos económicos más poderosos.
En México, la exención de IVA por servicios de enseñanza se trató de una medida con fines electorales a la que solo la población más rica del país tuvo acceso y que solo en 2017 representó una pérdida para el erario de alrededor de dos mil 752 millones de pesos; recientemente también se dio a conocer que el programa de condonación de impuestos “Ponte al Corriente” aprobado por el poder legislativo en 2012 se trató de un pago de favores de la clase política hacia los grandes contribuyentes, porque 36 empresas acumularon en 50.2 por ciento de las condonaciones por un monto de 80, 161 millones de pesos.
La revisión de los gastos fiscales y en su caso, la eliminación, nos puede conducir a buen puerto al ampliar la base gravable, lo que permite obtener mayores ingresos para hacer frente a los compromisos que el gobierno mexicano adquirió con la sociedad. Podríamos seguir el ejemplo de países como Egipto, Indonesia o Uganda que han probado la reducción de tasas de los impuestos al ingreso y la eliminación de tratamientos preferenciales ineficientes.
