Ciudad de México.- En el Seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, organizado por legisladoras, los magistrados abordaron en la penúltima mesa el tema “El Poder Judicial analizado por las y los juzgadores”.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, recordó que esta mesa surge a partir de los esfuerzos que “estamos llevando a cabo desde los partidos de oposición, en un esfuerzo plural que incluye a integrantes del partido mayoritario para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la introducción de un artículo Décimo Tercero Transitorio a las reformas secundarias en materia judicial y que a todas luces violenta la Constitución”.
Consideró fundamental recuperar la visión que hay sobre este problema al interior del propio Poder Judicial de la Federación, desde las implicaciones de la aprobación del artículo transitorio hasta las consecuencias de la politización de la justicia que eventualmente se ha abierto a partir de la discusión del citado agregado.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán consideró enriquecedor tener la opinión de los magistrados en un tema que es fundamental para el país y para el Estado de derecho, el cual debe de imperar.
El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló que la independencia judicial “no es un privilegio de las y los juzgadores”, sino que es la condición necesaria para que los derechos de protección judicial, tutela judicial efectiva y debido proceso, que se encuentran en distintos ordenamientos nacionales e internacionales, puedan tener plena efectividad.
La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, señaló que es vital entender, difundir y socializar por qué la importancia del Poder Judicial y por qué se debe tener un Poder Judicial autónomo e independiente que abone a dar certeza y estabilidad al Estado de derecho. La independencia judicial es una precondición de la administración de justicia, de ahí su relación con los derechos humanos.
Irma Caudillo Peña, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, resaltó que los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos, así como el debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción.
Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que la reforma judicial debe incorporar los estándares internacionales que se han emitido en documentos de la ONU, ya que visualizan la necesidad de que las sociedades se vayan adecuando a las exigencias que no estaban previstas, pero que modifican el entorno y contexto social en el que se imparte justicia.
El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Daniel Ricardo Flores López, comentó que en los tiempos actuales no puede concebirse un Estado de derecho sin el Poder Judicial, ya que la función que reviste garantiza la división de poderes, porque es el encargado de revisar la constitucionalidad de los actos del poder y salvaguardar el respeto a los derechos humanos.
