Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó su preocupación por algunas disminuciones a la educación superior. “Necesitamos darle una salida estructural para no tener problemas cada año, sobre todo porque se ha aprobado la reforma educativa y está pendiente la Ley de Educación Superior”.
Por ello, se estableció un equipo especial para tratar la problemática de este sector en todas sus variantes, involucrando a todos los sectores. “Este es un tema de los más complicados que se tienen y se ha revisado con mucha precisión el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal. Creemos que es una buena oportunidad para llegar a un acuerdo”.
Durante una reunión con representantes de los sindicatos universitarios y de media superior, destacó que deben discutirse el Fondo para la Gratuidad que mandata el artículo tercero constitucional, y cada uno de los sistemas establecidos en la propuesta como las universidades politécnicas, tecnológicas, estatales y nacionales, y las normales, así como el Instituto Politécnico Nacional.
Además, las nóminas magisteriales, pensiones, retrasos y reducciones de las obligaciones financieras de parte de los gobiernos estatales, garantizar el respeto de los derechos adquiridos y los derechos de los trabajadores, matrícula, basificación y la calidad educativa e inversión en infraestructura, la cual prácticamente se detuvo, de lo asignado este año respecto al proyecto para el 2020. “Vamos a tener serios problemas de inversión en infraestructura”, consideró.
Ramírez Cuéllar refirió que la solicitud de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES) es de alrededor de 17 mil millones de pesos adicionales al proyecto 2020. Estimó que se contemplan muchas de las demandas y aspiraciones de los sindicatos, y ese “es más o menos el monto que analizamos”.
Planteó la conveniencia de reunir a todos los sectores con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, quien participa de manera activa por medio del subsecretario de Educación Superior y la Auditoría Superior de la Federación, porque hay universidades con problemas de auditoría y fiscalización, así como a las comisiones de Educación del Congreso.
