Toluca, Méx.- Sanción de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 hasta 200 días-multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género.
La propuesta de Beatriz García Villegas, leída por Valentín González Bautista, establece que la pena se incrementaría al doble si el afectado es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, sujeto privado de la libertad o quien, por cualquier circunstancia, no pudiera resistirse.
La iniciativa señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.
Con este fundamento, y lo referido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a la no discriminación, la iniciativa señala necesaria la sanción por la aplicación de las denominadas “terapias de conversión”.
Esas prácticas buscan “corregir, eliminar, modificar o revertir” la orientación sexual, la expresión o identidad de género de las personas, mediante pseudo tratamientos psicológicos o religiosos que abarcan desde golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la libertad, electrochoques, sesiones de terapia psicológica, negación de alimentos, amenazas, los castigos físicos, abuso emocional o psicológico, hasta violaciones multitudinarias “correctivas”, lo que abona a la criminalización y el estigma hacia dicho sector poblacional.
En su mayoría, esas prácticas provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados que arrojan están colmados de prejuicios sociales, porque no las ofrecen clínicas especializadas, sino “cursos o talleres” manejados en la informalidad, violentando la libre determinación de las personas.
La iniciativa fue remitida a comisiones para su dictamen.
