Ciudad de México.- Víctor Adolfo Mojica Wences propuso establecer que la prisión preventiva oficiosa dictada por un juez sea hasta por un máximo de dos años en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la Federal contra la Delincuencia Organizada, expone que la propuesta no marcha en contra del concepto de prisión preventiva, sino de la falta de atención a los términos constitucionales, ya que esta medida cautelar no debe ser utilizada como el cumplimiento de una pena que aún no se ha decretado.
“Es injustificable y contrario al principio de presunción de inocencia, que el límite de la medida cautelar de prisión preventiva sea el mismo al máximo posible aplicable al tipo penal del que se trate, ya que ningún ciudadano mexicano debe ser considerado ni tratado como culpable hasta que así se le encuentre en juicio”, añade.
Con la reforma se busca la agilización del desahogo de los centros penitenciarios de los internos que aún no han sido juzgados y que al día de hoy representan cuatro de cada diez internos, así como el respeto a ser considerados inocentes hasta que sean encontrados culpables en sentencia judicial y, que atendiendo al principio constitucional pro persona sean tratados con igualdad ante la ley como aquellos imputados que aún no han sido juzgados y no se encuentran privados de su libertad.
En México, cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad lo hacen todavía sin tener una sentencia, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020. Además, al cierre de 2019, los 241 centros penitenciarios del país contaban con una ocupación de 97.7 por ciento.
“Se busca dar fin a una práctica que ha causado inconformidad en los ciudadanos, ya que ha sido de conocimiento general algunos procesos en los que la prisión preventiva de algunos imputados se ha extendido hasta por quince años”, alerta el diputado.
