Toluca, Méx.- Los 125 ayuntamientos mexiquenses deberán crear su Programa para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; los alcaldes deberán rendir un informe anual sobre sus avances y resultados en esta materia.
Las reformas aprobadas por unanimidad de las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal, Para la Igualdad de Género y Especial para las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidios y Desaparición de la 60 Legislatura mexiquense, establecen que el programa deberá incluir, al menos, el diseño transversal de la estrategia, los objetivos, medidas, acciones, indicadores, plazos de ejecución y dependencias y organismos responsables de su cumplimiento; además, formará parte del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente.
Los ayuntamientos deberán remitir el citado programa a la Legislatura y al Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal.
La diputada Karina Labastida destacó la importancia de fortalecer a los ayuntamientos al ser el primer contacto que tienen los ciudadanos cuando detectan alguna situación de violencia. Consideró que su iniciativa es congruente con las acciones requeridas por la segunda alerta de género por desaparición, que exige crear comisiones edilicias especiales para atender las Alertas de Violencia de Género mediante el fortalecimiento de sus Bandos Municipales y la expedición de reglamentos.
La propuesta permitirá precisar la función de las titulares de los institutos o consejos de la mujer municipales, regidores, ciudadanos, el presidente municipal y el cabildo en materia de combate a la violencia de género, así como fomentar la rendición de cuentas.
Mientras que Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que la iniciativa pretende que cada municipio organice su administración con base en uno o varios reglamentos que le permitan cumplir sistemáticamente, bajo la forma de política pública y con perspectiva de género, su atribución de prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género contra las mujeres desde su ámbito de competencia, así como visibilizar e institucionalizar su deber en dicha tarea.
