Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de prohibir por cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica.
Entre las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, de las municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se encuentra prohibir la venta, a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos, al interior de dichas instituciones.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el reto es prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables.
“Estoy segura que este dictamen será un parteaguas respecto de la venta de alimentos al interior de las escuelas y sus frutos se van a reflejar en las próximas generaciones. Sin embargo, debemos admitir que está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda”, afirmó.
Consideró que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no solo demandan legislar, “demandan que usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos”.
María del Rocío Banquells Núñez (PRD) refirió que la preocupación que da origen a esta iniciativa radica en la reflexión de las problemáticas de salud más alarmantes sobre la infancia, el sobrepeso y sus consecuencias, que afectan de manera directa su adecuado desarrollo.
Dijo que es necesario construir mecanismos de prevención de enfermedades y garantizar el derecho de las y los niños a un libre y adecuado desarrollo.
“Consideramos que aprobar el dictamen representa una acción directa del Poder Legislativo en la protección del desarrollo integral de la infancia como un derecho humano”.
