Toluca, Méx.- La Diputación Permanente de la 60 Legislatura mexiquense recibió dos iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México; una presentada por los diputados Max Agustín Correa Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Liliana Gollas Trejo, en la que señalan que la expedición de este ordenamiento será un paso positivo para resarcir los efectos más lacerantes del sistema de justicia penal mexiquense, que ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones al derecho a un debido proceso, a la libertad y a la integridad.
La otra es del diputado Armando Bautista Gómez, que pretende la reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad injustamente.
La propuesta de los diputados de Morena recuerda que el Poder Legislativo del Estado de México tiene la atribución constitucional de conceder amnistía por delitos de la competencia de los tribunales estatales; sin embargo, no existe una ley local que regule el procedimiento.
Aclara que “bajo ninguna circunstancia se otorgará amnistía a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque estamos comprometidos con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización”.
La propuesta amplía los tipos penales que pueden ser sujetos de amnistía, entre ellos el aborto, y también considera a las mujeres sentenciadas por “exceso de legítima defensa” en la protección de su vida e integridad.
Incluye a personas de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quienes dadas sus condiciones socioeconómicas y culturales no ejercen plenamente su derecho a una defensa adecuada y son criminalizados por defender su territorio y recursos o bien se ven involucrados en delitos contra la salud por necesidad o forzados por el crimen organizado, así como personas con indicios de que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y aquellas que se encuentren privadas de la libertad por cualquier delito considerado no grave.
Aclara que no se estaría liberando a personas que no lo merezcan, sino que se busca agilizar su salida de prisión con base en los supuestos establecidos en normas internacionales, y propone que sea el Poder Judicial el que valore si una persona se encuentra en alguno de los supuestos para ser objeto de amnistía, además de que se crea una comisión especial del Congreso, vigente únicamente durante el tiempo de la actual Legislatura, que conocerá propuestas de organismos de derechos humanos y solicitará la opinión de la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo y el Judicial del Estado de México.
Mientras que la propuesta de Bernardo Segura Rivera, considera necesario consolidar el sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, con una visión humanitaria, que permita lograr la reinserción social de personas que pudieron haber sido privadas de su libertad injustamente.
Reconoce la importancia de emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas con la creación de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores.
Para ello, se deben de garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistía, condicionadas a la aprobación de que las víctimas sean personas o colectividades, y proponerles un cambio de vida.
