Ciudad de México.- La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de que su gobierno incluya a «los cárteles» de la droga mexicanos en lista de «grupos terroristas”.
Por medio de un comunicado, comparte la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de no admitir, bajo ninguna circunstancia, alguna acción que conlleve una violación a la soberanía nacional.
Reafirma su postura de apego a los principios normativos de la política exterior, consagrados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política y, en especial, los de “No Intervención”, “Solución Pacífica de Controversias”, y “Autodeterminación de los Pueblos”.
De igual modo, rechaza la simplificación de los términos que el presidente de los Estados Unidos propone para las organizaciones del narcotráfico que operan en México.
También se pronunció por una mejor y mayor cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia, intercambio de información y detección del tráfico de armas, drogas y personas, para hacer frente al problema de la violencia generada por las organizaciones dedicadas al tráfico de droga.
Señala que la legislación estadounidense establece que un grupo violento o individuo que amenaza la seguridad de ese país puede ser designado como «terrorista» y estar sujeto a sanciones especiales; término que dista mucho de lo expuesto en la “Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional”, de la Resolución 49/60 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual define al terrorismo como “actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas”.
Argumenta que debido a la generalidad con la que el presidente Donald Trump planea usar el término terrorismo, compañías estadounidenses que hacen negocios con empresas mexicanas, pueden verse sujetas a revisión si se aplica la Ley Patriótica, lo cual implicaría una grave injerencia contra nuestro país.
