Ciudad de México.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones cinco minutas del Senado de la República. Una de ellas, reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de movilidad y seguridad vial.
Con este documento se busca establecer la facultad del Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, toda vez que es de vital importancia velar por el bienestar de la sociedad, generando una eliminación a los altos índices de mortalidad por accidentes automovilísticos.
Dicho ordenamiento pretende generar mayor control para la sociedad, y asegurar la integridad física de niños, peatones, ciclistas y motociclistas, que son los más vulnerables a los accidentes viales. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Otra minuta declara el 21 de agosto de cada año como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, para reconocer una de las profesiones que diseña e implementa programas y proyectos que ha dejado un importante legado en las instituciones del Estado y en la población atendida. Se remitió a la Comisión de Gobernación y Población.
También se recibió la minuta que adiciona la fracción X al artículo 31; un párrafo segundo al artículo 14; y un artículo 79 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Establece que la Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o decomisadas. Fue remitida a la Comisión de Defensa Nacional.
A la Comisión de Salud se canalizó la minuta que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a fin de incluir la aplicación en recién nacidos de la prueba del tamiz metabólico ampliado, y practicar a tiempo el diagnóstico de enfermedades por depósito lisosomal.
La quinta minuta establece que deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio Militar. “Las autoridades de Migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que pretendan salir del país presenten la autorización respectiva. La infracción a este precepto sujeta al infractor a la pena de dos a seis meses de suspensión de empleo”. Se mandó a la Comisión de Defensa Nacional.
