Ciudad de México.- Durante el foro sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, diputados, funcionarios, concesionarios y sociedad civil externaron sus comentarios sobre las iniciativas en la materia que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El objetivo es que este Registro brinde seguridad a la población, y en particular reduzca los delitos de extorsión.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, explicó que el foro abona al análisis de las iniciativas sobre un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para normar su funcionamiento, así como regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.
Hay cerca de 140 millones de líneas y, de ellas, 122 millones son móviles. “Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”.
Pérez Díaz llamó a encontrar cómo el marco jurídico ayudará a solucionar definitivamente el tema del secuestro, robo y la comisión de delitos a través del uso de la telefonía móvil por medio del chip.
“Debemos hacer algo, pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, añadió.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena, consideró indispensable la regulación de la propuesta planteada en las iniciativas y recordó que en esta Legislatura “nos hemos caracterizado por realizar esfuerzos para revisar una estructura y mecanismo punitivos, a fin de fortalecer el papel institucional del Estado”.
Ignacio Hernández, titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que hay instrumentos que usa la delincuencia para secuestrar y extorsionar, entre ellos los teléfonos celulares y los chips de telefonía de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente.
La propuesta va enfocada a que el sujeto obligado no sea el usuario, sino el concesionario, como se hace en la telefonía de pago mensual o renta, para que ellos recaben los datos y el Ifetel tenga control de esta información.
“Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”.
El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, mencionó que la extorsión ha crecido de manera importante.
De acuerdo con el INEGI es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta.
