Toluca, Méx.- El Poder Legislativo alertó de violaciones a derechos humanos de los ciudadanos a partir de la implementación de retenes viales en el Estado de México, por lo que exhortó a los secretarios de Seguridad y de Gobierno; al fiscal de Justicia y alcaldes de los 125 ayuntamientos, garantizar el derecho al libre tránsito y capacitar a los elementos policiacos para evitar abusos de autoridad y corrupción.
María del Rosario Elizalde Vázquez y Juan Pablo Villagómez Sánchez presentaron el punto de acuerdo en el que se exhorta capacitar a los elementos de seguridad a su cargo para que conozcan claramente los supuestos que les permite la ley para estos controles preventivos.
Además, de que se abstengan de aplicarlos cuando no haya causa que los justifique, a fin de evitar abusos de autoridad y actos de corrupción en contra de los ciudadanos mexiquenses, por lo que demanda que en caso de presentarse estos abusos, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la normatividad aplicable.
La diputada Elizalde Vázquez enlistó los preceptos constitucionales y legales que tutelan el derecho a la libertad de tránsito, para subrayar que los retenes o controles preventivos provisionales no deben ser un mecanismo de tolerancia de prácticas policiales que favorezca las detenciones arbitrarias.
Sostuvo que debe existir un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la seguridad pública y es “momento de exigir un alto al abuso de autoridad y corrupción que se ha generado por los citados retenes”.
Mencionó casos ocurridos en meses pasados en Tlalnepantla y Juchitepec, para afirmar que los retenes han sido utilizados por policías estatales o municipales para detener cualquier vehículo particular o de transporte público, transportista o motociclistas, haciendo descender a sus tripulantes revisando el interior del vehículo y a las personas. “En la implementación de dichos retenes e inspecciones policiacas en el Estado de México, prolifera el abuso de autoridad y los actos de corrupción, en donde las autoridades, en el mejor de los casos, detienen vehículos posiblemente irregulares y reclaman una aportación económica voluntaria para dejarlos continuar su camino o someterse a la posible detención ilegal de su persona o su vehículo”, insistió.
